Parlamentarios piden al Gobierno darle urgencia a proyecto de Aula Segura 2.0

Hasta el Palacio de La Moneda se dirigieron este viernes los diputados de la UDI, liderados por el jefe de bancada Jorge Alessandri, y acompañado por sus pares, Flor Weisse, Juan Antonio Coloma, Álvaro Carter, Cristián Labbé y Cristhian Moreira, para pedirle por intermedio de una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, que se dé urgencia al proyecto ingresado en julio de 2018 de Aula Segura 2.0, que tiene como objetivo, prohibir todo tipo de beneficio estatal en la educación superior a aquellos secundarios que hayan sido sancionados por actos delictuales, en virtud de un debido proceso.

Esto, en razón de los reiterados hechos de violencia en que se han visto involucrados estudiantes secundarios y ‘overoles blancos’, con la quema de buses del Transantiago y salas de clases del Instituto Nacional, y evitar así que estas conductas no se repitan una vez que entren a la universidad.

El jefe de la bancada de diputados UDI, Jorge Alessandri aseguró que esta carta “la mandan los niños de liceos emblemáticos que ven cómo destruyen su establecimiento, cómo destruyen su sueño de movilidad social, de lograr mayor prosperidad para ellos y para sus familias”, agregando lo injusto que sería para ellos “pagar con sus impuestos la universidad al que destruyó, vandalizo y quemó su establecimiento, al que atacó a sus profesores”.

Alessandri comentó además que la Ley Aula Segura 2.0 es “una señal importante que acompañada del diálogo, de la mejora en la infraestructura, acompañada de más y mejores profesores puede sacar a la educación pública de nuestro país de este embrollo en el que está, esta violencia inusitada, para que vuelva a ser un motor de movilidad en nuestro país y no sea tragada por la violencia”.

El diputado Coloma, en tanto, preguntó “por qué todo Chile va a tener que financiar la educación a una persona que está quemando las micros, quemando su propio establecimiento, lanzando bombas molotov a Carabineros A esas personas les queremos decir fuerte y claro que con el proyecto que estamos presentando le venimos a pedir al gobierno del Presidente Boric le ponga urgencia, deben saber que no van a poder optar a los beneficios del Estado, en este caso a la gratuidad universitaria, hay que poner un pare a estas personas que sólo destruyen, atacan y atemorizan a la población”.

Por su parte, el diputado Labbé que lamentablemente “vemos todos los días algunos alumnos, es quitarle la libertad a otros de estudiar. Eso tiene que ser castigado y tiene que ser de una vez, y por ello le pedimos al Presidente que se ponga los pantalones y sea capaz de tomar y escoger esta carta, leerla, al igual que las cartas que ha leído de los niños, lea la carta que los parlamentarios le estamos enviando para que termine con la fiesta de los estudiantes que quieren privar a otros de estudiar”.

En tanto, el diputado Carter recalcó que resulta increíble que el Presidente y los ministros “no se refieran nunca a la violencia que representa tirar bombas molotov, quemar buses, destruir colegios. Cuando se habla de Educación, pareciera que solamente le hablara a los suyos, a los que están con la camiseta roja, a los seguidores del PC. La Educación es de todos los chilenos y chilenas, y de lo más importante, que son los jóvenes, los niños”.

En una línea similar, la diputada Flor Weisse subrayó que el proyecto busca que “el Estado pueda sancionar no entregando beneficios para la educación universitaria a los estudiantes secundarios que provocan daño a la propiedad pública y privada, particularmente el destrozo que hemos visto en muchas de las Regiones de nuestro país. Es tiempo de que este tipo de conductas se comiencen a sancionar de manera contundente para que no crean que no hay impunidad ante estos hechos delictuales, y seguir como si no hubiera pasado nada”.

Por último, el diputado Moreira señaló que “no se trata de hablar de todos los estudiantes que protestan. Están de aquellos que quieren tener mejor infraestructura, lo que se contradice con lo que hace un puñado de jóvenes que actúan como verdaderos delincuentes, impidiendo a la gran mayoría de los alumnos a poder educarse. Esta es una medida que busca sancionar a aquellos que destruyen la propiedad educacional. También hemos visto cómo han atemorizado a los profesores, quienes ya están tomando algunas medidas al respecto”.