Aula Segura: ¿dónde se van los expulsados?

Por muchos ha sido conocido el proyecto de ley que se encuentra impulsando el Ministerio de Educación denominado: “Aula Segura”. Si bien, ninguna persona en Chile desea que sean violentados: directivos, profesores, asistentes de la educación, manipuladoras de alimento y los mismos estudiantes; menos aún, que sujetos destruyan las instalaciones públicas que pertenecen al estado chileno. Esta medida que el gobierno espera sea aprobada por el poder legislativo, pretende la expulsión inmediata y cancelación de matrícula de aquellos estudiantes que: hagan uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas prohibidos por ley; agresiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimento. Lo anterior, entregándole facultades a los rectores y/o directores de los colegios para que en un plazo de 5 días adopten medidas.

Al respecto, será el Ministerio de Educación quien tendrá la responsabilidad de reubicar al estudiante que ha infringido la ley, entregándole las acciones de apoyo necesarias. Es aquí donde surge la interrogante: ¿Cuáles serán esas acciones de apoyo que se brindarán? ¿En qué establecimientos serán reubicados los estudiantes infractores?. Creo que es necesario conocer estas respuestas, en el entendido que más allá del daño ocasionado, también se vele por un acompañamiento efectivo de estos jóvenes que serán trasladados a otros centros educacionales del país. Es muy probable que sean alumnos/as que tengan alguna resistencia por el sistema educativo chileno, que sería interesante indagar a través de ciertos especialistas como: psicólogos, sociólogos, profesores, entre otros profesionales que colaboren con esta intranquilidad que los aqueja. Hay que entender, que problemas sociales de este tipo, son de responsabilidad del Estado y del gobierno de turno, pero no se solucionan con un decreto de ley, también, hay que: escuchar, dialogar y llegar acuerdos como la sociedad democrática que somos.

Por cierto, bajo ninguna consigna, justifico la violencia que ejercen personas que son ajenas a la comunidad escolar. En un país democrático, acciones de maltrato hacia los Derechos Humanos, no se pueden permitir. La escuela y quienes trabajan en ella, son el fiel reflejo de la formación para la vida de los chilenos, y resulta ilógico que sujetos externos a ella la destruyan sin justificación alguna.

Por ahora, tendremos que esperar si esta ley será o no aprobada, solo así se harán evidentes sus resultados y acciones frente a los estudiantes que produzcan violencia, pero que a la vez, recibirán una suerte de apoyo reubicándolos en otras comunidades educativas.

Carlos Guajardo
Académico Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad Central de Chile