Un derecho humano que no admite desigualdades

Cada 4 de julio Chile conmemora el Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna, instaurado mediante la Ley 21.696. Más que una nueva efeméride, esta fecha representa el reconocimiento de una demanda ciudadana que surgió desde los territorios y que hoy interpela a todo el país: garantizar que ninguna persona vea vulnerado su derecho a la salud por negligencia, abandono o falta de acceso oportuno a la atención.

Esta conmemoración tiene un profundo significado humano. Nace de la historia de Amelia Rayén Salazar Jorquera, una niña que falleció tras una atención deficiente en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Lo que comenzó como la búsqueda de justicia de su familia se transformó, gracias al compromiso de sus padres, Mauricio y Camila, en un movimiento social que trascendió el dolor personal para impulsar cambios estructurales en el sistema de salud. La memoria de Amelia representa también la de miles de personas que han visto afectado su derecho a una atención digna y oportuna.

Su historia nos recuerda que detrás de cada lista de espera, de cada diagnóstico tardío o de cada brecha en el acceso existen rostros, familias y proyectos de vida. La salud deja de ser una estadística cuando comprendemos que las consecuencias de un sistema insuficiente pueden ser irreparables.

Sin embargo, hablar de salud digna exige ampliar la mirada. La atención médica y sanitaria es solo una parte de la ecuación. La evidencia demuestra que el bienestar de las personas está determinado, en gran medida, por las condiciones en las que nacen, crecen, estudian, trabajan y envejecen. Son las denominadas determinantes sociales de la salud, factores como la educación, los ingresos, la vivienda, el empleo, el acceso al agua potable, la alimentación saludable, el transporte y el entorno comunitario, los que explican buena parte de las desigualdades en salud que observamos en nuestra sociedad.

Por ello, defender el derecho a la salud implica mucho más que fortalecer hospitales o aumentar la disponibilidad de especialistas. Significa construir políticas públicas capaces de reducir las inequidades sociales que condicionan la salud antes de que una persona cruce la puerta de un centro asistencial. También exige avanzar hacia una atención humanizada, donde el respeto, la empatía y el buen trato sean tan importantes como la infraestructura, la tecnología o los recursos clínicos.

Conmemorar el 4 de julio es, en definitiva, un ejercicio de memoria, pero también un compromiso con el futuro. Es recordar a Amelia y a todas las personas cuya vida se vio truncada por las falencias del sistema, al tiempo que reafirmamos que la salud no puede depender del lugar donde se nace, del nivel de ingresos o del territorio en que se vive.

Una sociedad que pone la dignidad en el centro entiende que el derecho a la salud no comienza en un hospital, sino en las oportunidades que ofrecemos para vivir una vida saludable y en la capacidad del Estado y de cada gobierno de garantizar atención oportuna, segura y de calidad cuando más se necesita. Ese es el desafío que plantea este nuevo Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna: transformar el dolor en memoria, la memoria en participación y la participación en políticas públicas que hagan efectivo, para todas y todos, un derecho humano fundamental.