El nuevo sistema de Financiamiento de Educación Superior (FES): Retos que permanecen

Una cuestión esencial del nuevo proyecto es dejar a la banca fuera del sistema de financiamiento estudiantil, algo en lo que existía abierto consenso como lo demuestra el proyecto presentado en el año 2012 y que sin embargo fuera rechazado en el Congreso.  La esencia del problema radica en las recompras de carteras de crédito sobre la base de recursos fiscales, así como también en el nulo monitoreo de riesgo por parte de la banca al tener contratos asegurados por el Estado.  El sistema se hizo inviable, demandando alto recursos del fisco, mientras que la deuda asociada no podía securitizarse debido al riesgo de no pago y la no compra de estos instrumentos por inversionistas institucionales. El CAE se transformó en un pasivo contingente de gran magnitud para las arcas fiscales (la condonación inicial anunciada alcanzaba al 3,7% del PIB) y dada las actuales condiciones de condonación parcial y completa de las deudas previstas en el informe financiero presentado por el gobierno, los grupos a eximirse de pagos se vuelven relevantes por los incentivos y desincentivos que impactarán en la corriente neta de pagos. Según el Informe Financiero del gobierno, el nuevo sistema generaría un ahorro neto a partir del segundo año en régimen. Sin embargo, se extraña en el informe simulaciones de pagos con diferentes escenarios y que incidirían en impactos fiscales de diferente magnitud. El modelo de financiamiento que ahora se propone, se dice, no constituirá un crédito, pero son recursos que podrán devolverse sobre una base más bien voluntaria, con una “retribución” máxima equivalente a 8% del salario futuro, convirtiéndose de hecho en un tributo progresivo para los futuros profesionales.  De este modo, en los ingresos generados por esta vía se basaría parte importante de la sustentabilidad financiera del nuevo sistema, lo cual debe pensarse con cuidado teniendo como antecedente el significativo aumento que ha tenido la morosidad en el pago del CAE, sistema con bajísima capacidad de recuperación de los recursos.

Las señales iniciales al inicio del gobierno actual de que habría una condonación total de la deuda del CAE reforzaron la tendencia a la baja recuperación de los fondos adeudados. La nueva propuesta establece beneficios tributarios futuros a quienes pagaron sus obligaciones asociadas al CAE, pero aun así no es descartable que algunos grupos de deudores no quieran salir de su status quo actual aumentando el costo fiscal del FES. Se estima que el costo fiscal neto asociado al desembolso del nuevo sistema será de 14 mil millones de pesos el primer año, presupuestándose en base a supuestos discutibles ahorros netos para los años posteriores. Un problema central es que las instituciones de educación superior que se adscriban al FES, tendrán una compleja gestión de su flujo de caja dada las partidas de pago por la gratuidad lo que se traduce en desfases de liquidez permanente. Esto, además, porque el nuevo proyecto contempla el incremento de la gratuidad hasta el noveno decil al eliminar el pago de lo que no cubren los mecanismos de crédito y becas parciales entre el decil 7 al 9.

Así la capacidad de las IES de volverse más complejas y de diferenciarse se reduce aún más produciendo status quo en el sistema con efectos adversos en sus objetivos de crecimiento y diversificación social. Las universidades adscritas a gratuidad generan importantes beneficios para la sociedad al volcar a la comunidad universitaria la pluralidad de origen de sus estudiantes, así contribuyendo con la formación del capital humano que requiere una economía en desarrollo e inclusiva. Este es un bien público que amerita financiamiento tanto a los beneficiarios como a las instituciones a cargo de la tarea de incorporar a nuevos segmentos sociales a la educación superior.   Entonces, dotar a las IES de recursos adicionales debería ser parte de este proyecto, considerando el importante bien público que es la educación superior, unida a la investigación y la creación.  La política pública delega en estas instituciones su responsabilidad distributiva, pero no reconoce este esfuerzo al mantener aranceles de referencia alejados del real costo de generar mayor inclusión social, proveyendo formación superior a sectores que contribuirán más tarde positivamente a nuestra sociedad.