Reforma a las AFPs y los Controladores Extranjeros

Recientemente apareció en prensa que tres AFPs cuyos controladores son empresas norteamericanas, están analizando la posibilidad de demandar al Estado de Chile por incumplimiento de contratos al poner en riesgo el cumplimiento de los acuerdos de libre comercio. Se refieren al proyecto de ley de reforma de pensiones que se aprobó en el Senado, y que, entre sus medidas se encuentral el licitar el stock de afiliados (10% del total de afiliados cada dos años) de modo que cada administradora para ganar vía licitación la administración de estos fondos, debe ofrecer la comisión más baja.  Con el anterior esquema de licitaciones para grupos jóvenes, el costo de comisión era mucho menor.

No existe duda acerca de que las utilidades de las AFPs son gigantescas o anormales (se estima entre 400 a 600 millones de dólares) y que por tanto bajar el precio (la comisión que cobran las AFPs) redundaría en mayores ganancias sociales traspasándose esa renta anormal a los fondos de pensiones de los afiliados.

Los controladores norteamericanos también consideran fuera de lugar que en el proyecto de ley, al Instituto de Previsión Social, de propiedad estatal, se le asignan funciones auxiliares para con los nuevos administradores de pensiones lo que significaría, según ellos, un trato injusto para las actuales AFPs que han realizado inversiones en las últimas décadas en tecnología e infraestructura para así tener un nivel óptimo de operación.

La actual reforma de AFPs (tiene muchas más aristas, de mayor o menor complejidad y con diferentes puntos de vista) en este ángulo puntual busca hacer el mercado de AFPs más competitivo de modo de permitir que entren más operadores.  Aquí la política pública, expresada en sus fundamentos técnicos y democráticos, busca hacer este mercado más transparente de modo que satisfaga el interés ciudadano y el bien común.

Recordemos que el tratado comercial TPP-11(que agrupa 11 países de Asia y del Pacifico, entre ellos Estados Unidos y que ya fue firmado por Chile) presenta muchas ventajas y oportunidades, pero tiene también el serio riesgo de que las empresas internacionales que se consideren afectadas por “eventuales” daños económicos, en lo que se denomina su “razonable expectativa de retorno”,  como resultado de leyes originadas en el debate parlamentario y en el poder ejecutivo, podrían llevar al Estado de Chile a los tribunales internacionales y pedir indemnización. El tratado de libre comercio con Estados Unidos es de larga data, anterior al TPP-11, y ciertamente ambos tratados refuerzan este concepto de cuasi-inamovilidad de la política pública porque afectaría el legitimo retorno de sus inversiones.

Los controladores extranjeros señalan en carta al Presidente de la Republica y sus ministros que esto afectará la reputación de Chile como socio confiable para la inversión extranjera. Y que podría traducirse en desaliento para la inversión. Además dejan entrever que la nueva administración Trump podría revisar estos tratados comerciales imponiendo sanciones y/o correcciones al comercio y/o inversiones con Chile. Para que Chile tenga cuidado…como en el lejano Oeste.