El presidente Sebastián Piñera firmó un decreto que permite a las Fuerzas Armadas colaborar en el control del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en el norte del país.
Consiste en la modificación del decreto 265 firmado por el jefe de Estado en 2019, que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en el control de la frontera en materia de narcotráfico y crimen organizado y que, a partir de ahora, amplía su objeto y permite el control del ingreso ilegal por pasos no habilitados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
El mandatario expresó que: “el objetivo es tener las puertas abiertas, y acoger a la inmigración legal de aquellos que vienen a Chile cumpliendo con nuestras leyes y a aportar al desarrollo de nuestro país. Pero, al mismo tiempo, combatir la inmigración ilegal de aquellos que pretenden entrar a nuestro país sin cumplir con nuestras leyes y sin contribuir al desarrollo de Chile”.
Una expresión del ingreso ilegal es el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, esto es, cuando terceros facilitan o promueven la entrada ilegal al país, con el ánimo de lucrar. Según cifras de la PDI, el número de imputados por este delito, incorporado al Código Penal, aumentó en más de un 25% entre el 2019 y el 2020. Generalmente, esta clase de delitos implica que los migrantes son sometidos a condiciones inhumanas y ponen en riesgo sus vidas para ingresar ilegalmente al país.
Adicionalmente, esta reforma crea una institucionalidad nueva, para lo cual se establece un Consejo de Política Migratoria, cuya tarea será estar permanentemente evaluando y proponiendo mejorías a una política migratoria, para que ésta sea clara, transparente y así abordar temas de educación, salud, vivienda y trabajo.
Una vez que se promulgue la nueva ley de Migraciones, el Estado contará con nuevas herramientas para enfrentar el ingreso clandestino, facilitando la expulsión administrativa para desincentivar el uso de pasos no habilitados, y, además, contando con Direcciones Regionales, y permitiendo mejorar la coordinación con la sociedad civil, organizaciones, municipalidades y gobiernos regionales para tener una mirada integral sobre la migración.