De acuerdo a lo informado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, las suspensiones de la PSU en nuestro país, fueron consideradas una vulneración al derecho de la educación, emplazando a las autoridades para que apliquen prontas soluciones.
Desde Unicef también condenaron los hechos de violencia que impidieron a 300 mil personas poder rendir el examen, solicitando a las autoridades, tomar las acciones correspondientes para que los jóvenes perjudicados puedan acceder a la educación superior. Además, enfatizaron en que el Estado es el responsable de que los jóvenes tengan derecho a la educación.