Se acusa de que no existe una garantía de que estas elecciones fueran hechas bajo un marco libre y democrático.
El pasado domingo 7 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Nicaragua, las que se han visto envueltas en maniobras fraudulentas por parte del reelecto presidente Daniel Ortega manipulando los resultados para ganar las votaciones.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua afirma que el actual mandatario ganó con un 75,92% de aprobación y con una participación ciudadana del 65%, siendo esto es una de las principales aristas que marcan lo fraudulenta de estas votaciones, ya que las cifras no calzan con las diversas encuestas ciudadanas previas que mostraban menos del 20% de aprobación a Ortega.
La Organización Urnas Abiertas expresa que la participación electoral apenas superó el 18,5% de los 4,3 millones de personas habilitadas para sufragar, llamando a estas votaciones una “parodia electoral”.
Sumado a esto, son más de 39 dirigentes de diversas partes del país y 7 aspirantes presidenciales los que han sido detenidos, en conjunto a la privación de los 3 principales partidos de oposición vetados de la participación electoral, haciendo aún más fácil su nueva candidatura.
Diversas organizaciones de defensa de derechos humanos y varios países han expresado su preocupación ante la situación que se está viviendo en Nicaragua, haciendo un llamado a hacer reformas para evitar situaciones como estas.