Un grupo de diputados, encabezados por el independiente Raúl Soto, presentaron una reforma constitucional incorporando al General Director de Carabineros y al Director General de la Policía de Investigaciones (PDI), como autoridades susceptibles de acusación constitucional.
«Hemos visto innumerables denuncias y querellas por violaciones de derechos humanos a manos de agentes del Estado, y muchas de ellas involucran a carabineros o carabineras. Creemos que hay que resguardar adecuadamente y garantizar el Estado de Derecho que tiene nuestro país, y establecer como piso mínimo que los DDHH de las personas que se manifiestan se van a respetar siempre», señaló el diputado Soto.
Por su parte, la diputada del PPD, Andrea Parra, sostuvo que «es necesario mantener un mayor control respecto al mando. Las explicaciones del General Mario Rozas han sido reprochables e insuficientes, pero más allá de ello lo que queremos es fortalecer el mando institucional y que hay responsabilidad frente a violaciones a derechos humanos«.