La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, anunció que a partir de marzo iniciará el proceso que busca recoger los insumos para generar un proyecto que permita reformar y actualizar la Ley Antidiscriminación, la que contempla una consulta ciudadana a través de una página web que estará disponible por 30 días y una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Derechos Humanos en la que podrían participar las organizaciones de la sociedad civil.
Una de las propuestas que adelantó el Ejecutivo tienen que ver con sacar de los tribunales civiles algunas de las acciones referidas a esta esta ley y llevarlas a la justicia penal de manera de poder sancionar con cárcel a quienes cometan determinados actos discriminatorios.
Desde la Fundación Iguales, su presidente ejecutivo, Juan Enrique Pi, si bien celebró el anuncio de reforma, se mostró contrario al aumento de la penalización por considerar que la solución no está en establecer penas de cárcel, sino en la prevención y en la educación, de manera de evitar que este tipo de hechos sigan ocurriendo.
“La Ley Antidiscriminación es una ley reactiva, permite demandar en tribunales ante un acto discriminatorio, sin embargo, no se ocupa en nada de prevenir que esos actos ocurran. En ese sentido, nos parece que seguir en la línea de reaccionar no es el camino correcto. El gobierno debe priorizar la educación de la ciudadanía y de los servicios públicos, a través de una institucionalidad que se encargue de esa labor”, dijo Pi.
Asímismo busca eliminar la multa para el denunciante cuando su acción no tenga fundamento, y reformar la acción de no discriminación, tanto en el monto máximo de la multa con beneficio fiscal, pasando de 50 a 500 UTM, de manera de generar un real disuasivo, y permitir que la víctima pueda solicitar una indemnización por el daño sufrido.