La proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela es un hecho más, que refleja la grave situación de ingobernabilidad en la que se encuentra el país hace tiempo. Desde el año 2015 -momento en que el gobierno de Maduro desconoció los resultados electorales que le otorgaron a la oposición una mayoría en la Asamblea Nacional- se han venido sucediendo una serie de hechos que han agudizado la crisis política venezolana: la politización de las FFAA y del Consejo Nacional Electoral; el desacato del ejecutivo al Tribunal Supremo de Justicia; la persecución política y encarcelamiento de líderes opositores; además de la profunda corrupción, son hechos claros de una situación que no para de sorprender.
A lo anterior es preciso sumar el declive económico, donde destaca una inflación que supera el millón por ciento, unos niveles de pobreza que afectan a más del 60% de la población, la escases de alimentos (se estima que en promedio cada venezolano ha bajado 8 kilos), y un disminución del PIB, que analistas económicos estiman en un retroceso equivalente a treinta años, es decir, un retroceso del 50%.
Esto da cuenta de una crisis humanitaria que toca a todos los habitantes del territorio y que ha promovido un éxodo masivo de casi tres millones de personas. Por lo mismo, la situación venezolana se ha tomado la agenda política de las últimas semanas.
En efecto, desde distintos sectores políticos se han generado declaraciones tanto de apoyo como de rechazo a la nominación de Guaidó como Presidente Encargado de la nación. Incluso la vocera de gobierno se ha permitido emplazar a la ex presidenta Michelle Bachelet, a que reconozca de una vez por todas al nuevo presidente y se comprometa con la condena al régimen de Maduro, sabiendo que no le corresponde ni a ella ni a Naciones Unidas hacerlo, dado que así lo establecen sus estatutos.
Incluso la misma derecha política ha utilizado la crisis venezolana para deslegitimar los proyectos progresistas de izquierda y la búsqueda de mayores niveles de justicia social y equidad en un continente profundamente desigual, sembrando el temor frente a un eventual gobierno de izquierda: ¡Chilezuela!
Además, la izquierda tampoco ha sido clara en rechazar las prácticas antidemocráticas de Maduro en el poder, ni las violaciones a los DDHH que en forma cotidiana ocurren en Venezuela. Desde el progresismo no se ha superado el trauma que ha dejado el fracaso del ‘proyecto’ bolivariano, ni tampoco han sido capaces de reconocer que la salida del gobierno de Maduro no solo es un punto de partida en la negociación democrática, es el mínimo acto de justicia y reconocimiento de los deseos y demandas del pueblo venezolano.
Los actores políticos de derecha e izquierda están al debe con el pueblo venezolano en lo que ha debido ser un actuar diligente y oportuno para contribuir en una salida democrática al conflicto institucional, político, social y económico que se vive en el país. Pareciera que son sus propios intereses lo que los mueve y no la real oportunidad de hacerse cargo con sentido de urgencia de una crisis humanitaria, que además requiere más y mejor democracia como primer paso para comenzar un proceso de recuperación del país.
Dra. Neida Colmenares
Escuela de Gobierno y Comunicaciones, U.Central