El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela tiene una dimensión económica difícil de ignorar. El desarrollo de 17 yacimientos, que contienen más de 65 mil millones de barriles, podría movilizar inversiones cercanas a US$100 mil millones, recuperar infraestructura deteriorada y aumentar sustancialmente producción y exportaciones. Para una economía debilitada durante años, significa inversión extranjera, empleo, divisas y mayores ingresos fiscales. Para Estados Unidos, representa acceso privilegiado a una gigantesca fuente de petróleo, mayor seguridad energética y menor dependencia de proveedores geopolíticamente más complejos.
Pero el problema está precisamente en lo que todavía desconocemos. ¿Cómo se distribuirá efectivamente la renta petrolera? ¿Qué proporción capturará Venezuela y cuánto quedará en manos estadounidenses? ¿Qué instituciones fiscalizarán contratos que comprometen recursos estratégicos durante décadas? Sin transparencia, una oportunidad histórica puede transformarse en una nueva expresión de dependencia.
Existe además una contradicción política más profunda. Washington puede obtener estabilidad petrolera negociando con las actuales autoridades venezolanas, pero esa estabilidad puede ser solamente aparente. La recuperación económica, paradójicamente, podría proporcionar recursos y legitimidad a una estructura política que todavía no ha completado una transición democrática.
Aquí Estados Unidos enfrenta una decisión estratégica. Puede privilegiar petróleo y cambios políticos marginales, o utilizar su enorme capacidad de negociación para acelerar elecciones competitivas, instituciones independientes y una democracia efectiva.
La segunda opción no es solamente más coherente con los valores occidentales. También es económicamente más sensata. Las inversiones de largo plazo necesitan algo más que petróleo: necesitan instituciones legítimas y estables.