La Ley Nº 21.713 sobre Cumplimiento Tributario constituye un hito en la modernización del sistema tributario chileno. Más que una reforma técnica, representa un compromiso del Estado con la equidad fiscal, la eficiencia en la recaudación y la legitimidad de los mecanismos de fiscalización. Inserta en el marco del Pacto Fiscal, esta ley busca fortalecer el vínculo entre los deberes tributarios y el bienestar común, mediante un sistema justo y transparente.
Su estructura descansa sobre siete pilares fundamentales: modernización institucional, combate a la informalidad, penalización de delitos tributarios, control de la elusión, fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente, regularización de deudas y robustecimiento del SII. En su conjunto, estas medidas constituyen la transformación más relevante en más de dos décadas.
Cabe destacar que estas reformas no son neutras, ya que desafían y comprometen especialmente a quienes ejercemos y formamos profesionales en los ámbitos contable, jurídico y financiero. La redefinición del secreto bancario, las facultades de tasación del SII, la persecución de reorganizaciones elusivas y la creación de nuevos delitos tributarios requieren un ejercicio ético y técnico riguroso de nuestra parte.
La ley también fortalece la fiscalización de grupos empresariales y extiende la capacidad de acción del SII a nivel multijurisdiccional. En paralelo, exige mayor formalización en el comercio digital, regula el uso del efectivo y elimina exenciones en importaciones de bajo monto, medidas clave para enfrentar la informalidad. Se destacan, además, disposiciones orientadas a las pymes: convenios de pago preferentes, declaración administrativa de prescripción de deudas, representación ante Tesorería y Aduanas, y mecanismos de alivio tributario que reconocen la carga desproporcionada que históricamente han debido soportar.
Fortalecer el cumplimiento tributario no debe entenderse como una carga, sino como una oportunidad para construir un país más justo y solidario, cada contribución, gestionada con transparencia y equidad, permite financiar políticas públicas esenciales —como pensiones dignas y mayor seguridad— que fortalecen el tejido social y protegen a quienes más lo necesitan. En este desafío compartido, el sistema tributario se transforma en una herramienta concreta para avanzar hacia un Estado más responsable, confiable y comprometido con el bien común.