La discusión respecto al gasto público se ha tomado la agenda. Y ya se señala que, si el actual gobierno no hace un ajuste en el déficit fiscal que es del 3,2% del PIB, lo deberá hacer el próximo gobierno independiente de cual sea su signo político.
Efectivamente el déficit fiscal del año 2024 subió de un 1,9% del PIB al 3,2% del PIB. Esto es casi más de 3.500 millones de dólares de déficit de lo que el gobierno del presidente Boric había presupuestado. Aquí el gobierno ya reconoció que existieron mediciones de ingresos a recaudar que no se cumplieron. También la economía por la vía del crecimiento no ha podido aportar significativamente al erario fiscal (si la economía crece lentamente, recauda menos), y el precio del litio ha caído su valor 87% desde el año 2022, impactando negativamente en los ingresos por arriendo de los salares.
También otro signo de deterioro fiscal ha sido el aumento de la deuda pública en los últimos años. El déficit fiscal tiene tres grandes componentes en su financiamiento; i) el fisco emite deuda en el mercado de capitales local (bonos de la Tesorería), ii) el fisco emite deuda externa (bonos soberanos), y iii) el fisco utiliza los recursos de los fondos soberanos ahorrados en el extranjero (estos provienen del denominado superávit fiscal estructural que se ahorran los excedentes de cobre y de recaudación respecto a lo contemplado en el presupuesto). Para ser concretos, la deuda pública bruta (sin contar con los activos financieros del tesoro público) ha aumentado del 32,8% del PIB (2020, año de pandemia) al 43% del PIB este 2024. Es necesario considerar que en pandemia el gasto público aumentó fuertemente; 30% anual (con amplio consenso de gobierno de la época y oposición) porque se necesitaban recursos para los subsidios para gran parte de la población y por alivios tributarios y garantías crediticias para las empresas. También los recursos de los fondos soberanos (los ahorros fiscales en el extranjero) se diluyeron a la mitad alcanzando un valor de 7 mil millones de dólares. Todo esto (aumento importante del gasto público y uso de los fondos soberanos) tenían como objetivo apalancar la economía para que la caída de la actividad (y del empleo) fuera lo menor posible. Algo de lógica keynesiana implicaba el aumento considerable del gasto público en un momento en que el comercio mundial se había resentido fuertemente por las restricciones físicas de la pandemia. La economía chilena se contrajo así 6% el 2020 (pudiendo haber tenido una contracción mayor), pero el 2021 creció 12%, una tasa excepcional, como consecuencia de las fuertes inyecciones fiscales y del retiro de los fondos de pensiones, lo que adversamente elevó la inflación sobre los dos dígitos. El gobierno del presidente Piñera (2018-2022) tuvo puzzles difíciles que resolver en términos macroeconómicos. El aumento de la deuda pública en 12 puntos del PIB desde el inicio al fin de su segundo periodo (26% al 38% del PIB), justificada principalmente por el importante aumento del gasto público en pandemia, lo que llevó ese año a un déficit fiscal estructural al 11% del PIB. De todos modos, al final de su gobierno envió un presupuesto que reducía fuertemente el gasto publico (-24%) para ir comenzando a estabilizar las finanzas públicas. El ministro de Hacienda Mario Marcel al llegar el presidente Boric al gobierno, continua en la senda de normalización fiscal alcanzando el país un superávit fiscal del 1,2% del PIB el año 2023, el primer superávit fiscal en 12 años (mejoró las arcas fiscales respecto al presupuesto de ajuste que envió el presidente Piñera).
¿Pero qué ocurrió posterior al año 2022?. La economía ha tenido un desempeño inferior al esperado en términos de crecimiento (se recauda menos) y al mismo tiempo aparentemente se sobreestimaron ingresos fiscales el 2024 que no fueron tales (de hecho, el 2024 el monto sobreestimado alcanza los 3.500 millones de dólares). Hay que poner en contexto que aún Chile tiene un nivel deuda pública bajo respecto a países desarrollados y países de ingreso medio, pero las señales acerca de la sostenibilidad del gasto publico son preocupantes. El gobierno del presidente Boric en su inicio consideraba una reforma tributaria del 4,1% del PIB, que finalmente se redujo al 1,5% del PIB (leyes de cumplimento tributario) y ahora con la ya conocida magnitud del déficit fiscal 2024 aleja cualquier experimento de reforma de impuesto a la renta.
La discusión fiscal por tanto continuará candente. ¿Quién hará el ajuste fiscal dado el déficit del 3,2% del PIB? Si el gobierno de Boric hiciera el ajuste completo (lo que pide la oposición es el 1% del PIB, es decir hasta 3 mil millones de dólares) para cumplir la regla fiscal, enfrentaría un costo político inmediato (despidos, impopularidad) arriesgando la elección del candidato del oficialismo. Si no hace el recorte, mantiene popularidad, pero transfiere el problema al próximo gobierno y además perdiendo electores moderados que no verían responsabilidad fiscal. Si es del mismo signo que Boric, este nuevo gobierno debería apegarse a la regla fiscal pero más latamente. Pero si el próximo gobierno es de derecha, debería (teóricamente) realizar un ajuste fiscal de magnitud, aunque por esto pagaría un costo político importante. Pero los electores ya sabrían que un gobierno de centro-derecha eventualmente haría el recorte fiscal completo, lo cual impulsaría a sectores moderados a no apoyarlos en la elección presidencial pudiendo ser derrotados.
Por tanto, ¿cuál sería la economía política para ambos bloques de modo que no pierdan electores? Al gobierno de Boric le conviene hacer un ajuste fiscal moderado este 2025 de modo que no pierda a su base más dura de apoyo y atrayendo al mismo tiempo a sectores moderados. Y a la centro-derecha le conviene apoyar este ajuste fiscal moderado porque en caso de ser gobierno para el 2026, tendrían más espacio fiscal y no pagarían los costos políticos de un ajuste fiscal de envergadura. Aquí al final del día los maximalismos no corren.
Finalmente hay que recordar que los déficits fiscales crecientes, se traducen en más deuda pública y esta hay que financiarla. El fisco al buscar financiamiento en el mercado de capitales (las AFPs son uno de los principales prestamistas del fisco) presiona al alza las tasas de interés lo cual es contraproducente para el crédito y para la inversión, lo cual merma la capacidad de crecimiento de la economía y del empleo. También aumenta la masa de interés que debe pagar el fisco lo cual implica que hay que sacrificar algunos ítems del gasto público, lo cual siempre es políticamente complejo. Esta claro que el ministro Marcel no está conforme con este resultado y mantener la credibilidad fiscal es importante para la economía para evitar situaciones en las que a futuro el gasto público no pueda ser sostenible lo cual afectaría a amplios sectores de la población (el 70% del gasto público es gasto social)
Entonces, ¿Quo Vadis Fiscal? (A Donde Vamos): Lo sabremos en los próximos meses.