Las normas de calidad del aire (MMA) miden la concentración de contaminantes atmosféricos para proteger la salud de las personas, evalúan y limitan tanto gases nocivos como material particulado (MP10) (polvo, hollín y cenizas en suspensión) y material particulado fino (MP2,5). Este corresponde a aquellas partículas líquidas o sólidas en suspensión con un diámetro menor a 2,5µm, que debido a su tamaño, puede recorrer todo el tracto respiratorio e incluso atravesar los alvéolos pulmonares, representando un alto riesgo para la salud de la población.
La ONU, señala que los efectos combinados de la contaminación del aire ambiental y la del aire doméstico se asocian al menos con 7 millones de muertes prematuras en el mundo. En Chile las muertes por razones respiratorias ascienden a 4.231 (MINSAL DEIS 2026), esto sin contar las muertes por influenza y neumonía lo que aumentaría el número significativamente, ya que estas enfermedades se asocian también a la mala calidad del aire.
Según la Constitución Política en su Art. 19 N°8, es responsabilidad del Estado, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza, lo que está establecido en el N°9 del mismo artículo.
Desde la sociedad podemos aportar con algunas acciones. Para ello proponemos líneas de trabajo que integren a la ciudadanía y políticas públicas en un marco coherente y factible. Algunos ejemplos de ello son el diseño de estrategias específicas para regiones donde las condiciones de vivienda y calefacción aumentan la exposición a PM2,5, muchas veces por sobre la norma. También se debe avanzar hacia la electrificación de calefacción con subsidios que hagan asequible la energía y promover sistemas de calefacción de baja emisión; incentivar la eficiencia energética en el hogar, especialmente en el sur ya que regiones que aportan con importantes contribuciones a la red eléctrica gracias al caudal de sus ríos, no necesariamente ven reflejados en precios este aporte.
Otras medidas a implementar serían ampliar el transporte público eléctrico, fortalecer la infraestructura para bicicletas y fomentar incentivos para reducir el uso del automóvil privado especialmente en desplazamientos cotidianos. También aumentar la transparencia y usar normas más estrictas sobre calidad del aire, educando a la población sobre prácticas de reducción de emisiones y fomentar la participación ciudadana en planes locales de mitigación ambiental.
Este enfoque, que une acción individual con políticas públicas robustas, puede traducirse en beneficios tangibles, reducir el número de enfermedades respiratorias, menos ausentismo laboral y escolar, y una mayor calidad de vida para niños, personas mayores y comunidades vulnerables. No se trata de una promesa vacía, sino de una ruta concreta hacia un Chile más sano y resiliente.