El Proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES), propuesto por el gobierno, introduce reformas que transforman de manera significativa el modelo de financiamiento para estudiantes y para las instituciones. Estas modificaciones afectan el acceso a una formación profesional de calidad y tendrán un impacto profundo en el desarrollo del país y en la equidad del sistema educativo, influyendo en las generaciones presentes y futuras.
El FES propone una modalidad de financiamiento para los alumnos basada en la restitución contingente a los ingresos bajo condiciones favorables, sin intereses y con plazos amplios. Este esquema representa un avance al asegurar una mayor accesibilidad a la educación superior. De este modo, más estudiantes podrán continuar su formación sin la carga inmediata de deudas. Además, la devolución de los recursos, de manera proporcional a los ingresos, garantiza la sostenibilidad del sistema, lo que permitirá financiar los estudios de las próximas generaciones.
Sin embargo, una de las restricciones del proyecto es la eliminación del copago ─la diferencia entre el arancel regulado y el real─ lo cual impone una carga financiera considerable a las universidades. El Estado busca implementar que se transfiera el costo del copago universitario desde las familias a las instituciones de educación superior, las que, lamentablemente, no están en condiciones de asumir mayores cargas financieras a las impuestas hoy por ley.
Esta medida afecta la autonomía de las instituciones para definir sus proyectos educativos y orientaciones académicas, priva a familias que pueden de aportar a la educación de sus hijos y obliga a las instituciones a funcionar con aranceles fijos, ya sean de gratuidad o del FES, que en muchos casos no cubren los costos reales de los programas académicos. Esto ya ha afectado a las universidades con los aranceles de gratuidad, comprometiendo su desarrollo y calidad.
Mantener el copago, como ocurre con los deciles 7, 8 y 9, no genera un gasto adicional para el Estado. Al contrario, permite que las familias contribuyan y fortalezcan la calidad educativa de todos los estudiantes, tanto aquellos beneficiados por la gratuidad como por el FES. Esto contribuiría a evitar que la educación superior de calidad se concentre sólo en universidades fuera del sistema, lo que agravaría la segregación educativa y dañaría la cohesión social de nuestro país.