Circulan muchas críticas contra instituciones internacionales, sobre todo la Organización Mundial de la Salud (OMS), por errores que se habrían cometido en el combate del COVID-19. Se arguye que solo los Estados nacionales tienen fuerza y voluntad para enfrentar los efectos de la pandemia en sus territorios. En paralelo, los masivos reclamos de los ciudadanos demostrarían la falta de capacidad de los gobiernos para funcionar en el contexto de esta crisis.
Poderes centrales y gobiernos locales disputan la administración eficaz de los recursos para solucionar las graves consecuencias de la enfermedad. Tensión en aumento cuyo ejemplo es la pugna entre los alcaldes chilenos y el Ejecutivo, respecto tanto del alcance de las cuarentenas como de la disponibilidad de información y participación en la toma de decisiones.
Este escenario no es nuevo. Al desempeño de democracias imperfectas como las nuestras, así como a aislacionismos y nacionalismos proteccionistas que afectan a las grandes potencias, se suma la destrucción inacabada de las articulaciones sociales y políticas realizadas por el neoliberalismo que en los últimos 40 años, casi ha conseguido convertir todo en un mercado desregulado.
La contradicción de las tendencias merece cautela en las apreciaciones: la historia no cambia dramáticamente, se acelera. La globalización no está desapareciendo, demanda más regulación; la descentralización persiste, pero con mayor coordinación entre niveles de gobierno. A problemas globales, soluciones globales, aunque atendiendo realidades de cada Estado. Las respuestas deben ser múltiples y flexibles en el marco de una nueva gobernanza global que pueda articular con eficiencia, igualdad y solidaridad a actores e instituciones de un sistema internacional renovado.
Cristián Fuentes Vera
Académico Escuela de Gobierno, UCEN