A las puertas de una nueva elección presidencial y legislativa, urge que ciudadanía y candidaturas pongan el paisaje urbano en el centro del debate. No se trata de embellecer nuestras ciudades, sino de transformarlas desde sus cimientos: con más justicia, más comunidad y mayor resiliencia frente al cambio climático.
El paisaje urbano —lo que vemos, transitamos y habitamos— revela cómo se reparte la dignidad en la ciudad y condiciona nuestra capacidad de adaptación climática. Donde hay inversión pública, planificación equitativa y participación ciudadana, florecen barrios seguros, cohesionados y resilientes. La infraestructura verde —parques, corredores biológicos y soluciones basadas en la naturaleza— mitiga olas de calor, retiene aguas lluvias y mejora la salud colectiva.
Pero donde el Estado se ausenta, o cede el territorio a las presiones inmobiliarias sin planificación, emergen barrios fragmentados, estigmatizados y vulnerables. El deterioro del paisaje urbano no es casual: es consecuencia directa de políticas ausentes y autoridades complacientes con intereses privados. La corrupción también se expresa en la degradación de nuestras calles y en la desigualdad del entorno que habitamos.
Por eso, estas elecciones deben ser una oportunidad para exigir compromisos reales: planificación urbana con enfoque territorial frente al cambio climático, recuperación del espacio público y acceso equitativo a infraestructura verde. La democracia también se vive en calles seguras, plazas dignas y entornos habitables. La ciudad no puede seguir siendo un privilegio; el paisaje urbano debe convertirse en un derecho para las grandes mayorías.