El proceso de regulación migratoria extraordinaria que dispuso el Gobierno esta semana puso, nuevamente, sobre la mesa el impacto de este fenómeno en Chile. También nos recordó el enorme desafío que ha significado para todo el sistema de salud público la incorporación de los migrantes.
Al respecto, Chile rápidamente se hizo eco de la preocupación de la Organización Mundial de la Salud en la materia que, a partir de 2008, manifestó su apoyo a las políticas que tienen por objeto ofrecer servicios de atención de salud a los migrantes independiente de su estado jurídico, como parte de la cobertura sanitaria universal.
Hasta ahora, el Estado de Chile, a través del Decreto Nº67 de 2016, ha incorporado a los migrantes en situación de ilegalidad como beneficiarios de FONASA, ofreciéndoles garantías de acceso a la atención de salud en el sistema público al igual que los chilenos.
En esta misma línea, los municipios con alta tasa migratoria han cumplido un rol clave en el monitoreo de salud de la población migrante, ya sea diseñando planes de atención especial, incorporando facilitadores culturales o promoviendo la capacitación, todo ello para reducir las barreras de acceso a la salud.
Sin embargo, el lanzamiento de la Política de Migrantes Internacionales por el Ministerio de Salud, hacia finales de 2017, ha sido el mayor hito en esta materia. La Política se estructuró a través de siete ejes: Adecuar el marco normativo que genera barreras o discriminación de la población migrante; impulsar un sistema que garantice acceso y aceptabilidad en el derecho a la salud (capacitación de funcionarios, programas de acogida, difusión de derechos, mediadores culturales y facilitadores lingüísticos); desarrollar integralmente la salud de las personas migrantes, bajo el Modelo Integral de Salud, Familiar y Comunitario; incorporar a los migrantes en los programas e intervenciones de salud; monitorear, seguir y preparar información de salud que permita diseñar políticas adecuadas y disminuir el estigma asociado a la migración; considerar aspectos relativos a “trabajo, salud y migración” y su interrelación; y promover acciones comunicacionales contra la discriminación, xenofobia y estigmatización de las personas migrantes.
En definitiva, la Política de Salud de Migrantes Internacionales busca garantizar a las personas en situación de migración, ya sea por procesos voluntarios o forzados, su derecho a la salud en iguales condiciones que la población nacional. Migrantes reconocidos como sujetos de derecho, y cuyas necesidades de atención se aborden, con una mirada integral, desde la promoción y prevención de salud.
Sin embargo, será interesante observar cómo esta política tiene su correlato en programas y acciones que signifiquen un avance real respecto de las actuales garantías disponibles. Es decir, cuando se pase del discurso a la acción.
Nelly Baeza
Médico
Directora del Centro de Salud Pública, Universidad Central