La capacidad de un gobierno para negociar y alcanzar acuerdos con sus contendores políticos es una condición esencial para la estabilidad y eficacia institucional en las democracias modernas. La negociación política no es un signo de debilidad, sino de madurez democrática: implica reconocer que en un sistema plural ningún actor posee el monopolio de la verdad ni del poder, y que las políticas públicas deben surgir del consenso, la deliberación y el respeto a la diversidad ideológica. Sin esta disposición al diálogo, las instituciones pierden legitimidad, la ciudadanía se desencanta y los conflictos se trasladan desde la esfera política hacia la social, donde pueden llegar a ser más difíciles de encauzar.
La creciente polarización que se vive hoy en Estados Unidos refleja las consecuencias de perder esa capacidad de persuasión y construcción de acuerdos, lo que ha llevado a la parálisis de su aparato público, con cierres parciales del gobierno federal y bloqueos legislativos que impiden aprobar presupuestos o designaciones clave. La lección es clara: en los regímenes donde el poder no se concentra en una sola figura, la negociación no es una opción, sino el mecanismo vital que permite que el Estado funcione y la voluntad popular se exprese de manera efectiva. Como ciudadanos, necesitamos líderes de gobierno con capacidad real de alcanzar acuerdos. La incapacidad de un líder de gobierno para generar consensos no sólo debilita su gestión, sino que arriesga debilitar la confianza en la democracia misma.