A propósito de la polémica desatada acerca de la política exterior del actual gobierno, uno de los temas más comentados se refiere a la importancia que tendría el encargado de estos asuntos en el segundo piso del palacio de La Moneda, quien ejercería una influencia mayor que el mismo canciller. Aunque constitucionalmente la conducción de la política exterior es facultad exclusiva del Presidente y la instancia designada como asesora y ejecutora es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la práctica indica que el primer mandatario dispone de los resortes de poder que estime convenientes para desarrollar sus iniciativas en el ámbito internacional. Ello deriva en un perjuicio para el conjunto del Estado y en un deterioro de la política exterior, entendida como una política pública moderna y cabalmente democrática.
Para desempeñarse con eficacia en el mundo se requiere unidad de acción, por eso ya sea en una república o en una monarquía, en un régimen presidencial o parlamentario, quien detenta esa competencia es el Jefe del Estado o del Gobierno. Sin embargo, en casi todos los sistemas vigentes existe una institucionalidad que asegura equilibrios entre los poderes del Estado, frenos y contrapesos que impiden el mando excesivo de una autoridad sobre las demás. Ese no es el caso de Chile, donde la Constitución de 1980 dejó al Congreso solo con la potestad de aprobar o rechazar un tratado, quitándole la función de ratificar a los embajadores y cierta iniciativa presupuestaria, siendo expresión cabal del hiperpresidencialismo que ha predominado en las últimas décadas.
Tampoco la Cancillería ha tenido un papel relevante en estos años puesto que no se le ha reconocido mayor peso en la toma de decisiones, ni dotado de los recursos técnicos y financieros suficientes para realizar lo que los funcionarios piensan que son sus obligaciones. Esto va mucho más allá de la demanda del servicio exterior en cuanto a que todos los embajadores sean diplomáticos de carrera, reivindicación que simboliza una sensación de abandono provocada por la profunda diferencia entre la realidad y las expectativas, cuyo origen sería el maltrato de la política y, consecuentemente, su solución implicaría una reforma que le diera al Ministerio un rol más potente en la estructura del Estado.
En un mundo interdependiente como el que vivimos ya no existe un monopolio de las actividades internacionales, sino que todas las agencias estatales y el conjunto de la sociedad civil tienen gestión exterior, actividades que deben ser coordinadas por la Cancillería, de acuerdo con el principio de unidad del Estado. Aquello es independiente de que el Ejecutivo tenga asesores propios, las cuales, por cierto, también deben coordinarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Este no es un debate personal, burocrático o elitista, sino sustancialmente político pues debe buscar el perfeccionamiento de las instituciones, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la transparencia en los procesos, con el fin de que la proyección global de Chile coincida siempre con los intereses de la mayoría.
Cristián Fuentes
Académico escuela de Gobierno y Comunicaciones, U.Central