Durante la semana hemos sido testigos de la presentación de una nueva acusación constitucional, esta vez fue el turno del hasta hace unos días ministro del Interior. Es la 9° presentada por la oposición durante el actual gobierno. Sin entrar en mayores disquisiciones, conviene recordar que las causales para sustentar una acusación contra los ministros de Estado son; haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, cometer los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Estas causales deben ser ponderadas más allá de las configuraciones jurídicas que se produzcan sobre los hechos que se le imputen al ministro, ya que la formulación de la acusación y su posterior acogida o no por parte de la Cámara de Diputados, tiene evidentes consideraciones políticas.
Estas consideraciones tienen a lo menos dos dimensiones, la primera, los diputados no tienen per sé formación jurídica, de hecho, no tienen por qué tenerla y es evidente que sus pronunciamientos van mucho más allá de lo estrictamente jurídico. La 2° dimensión y estimo la más importante, es que la formulación de la acusación es resuelta por el órgano político por excelencia, como es la Cámara de Diputados, la que evidentemente está influenciada por el acontecer que afecta al país, el que sin duda da cuenta de un gobierno débil y sin agenda.
Pese al antagónico momento por el que atraviesa la oposición y el gobierno, no debe perderse de vista que la acusación constitucional es la última ratio entre los mecanismos de control político de que dispone el Congreso, el que lamentablemente se ha banalizado, quedando fundamentalmente al arbitrio del clima político y de las circunstanciales mayorías que la oposición de turno tenga en la Cámara de Diputados.
Emilio Oñate
Decano Facultad de Derecho, UCEN