No cabe ninguna duda que la economía chilena ha estado bajo presión; corrección de crecimiento a la baja, déficit fiscal ajustado al alza, inflación revirtiendo mejoras previas, entre otras. Existen factores domésticos y externos en este cuadro más complejo. En esa línea el Ministerio de Hacienda ha realizado recortes significativos en el gasto público (mas de mil millones de dólares) para mitigar el déficit fiscal y su consiguiente impacto en la deuda pública. La inflación ha estado alimentada por razones geopolíticas y ahora Trump (dólar al alza), más los atrasos (reajustes postergados) en tarifas de servicios públicos. No es todo lo anterior el resultado de un desenfreno del gasto público, y ciertamente siempre se debe controlar el uso de los recursos públicos; esto debe ser siempre el principio rector.
El sector privado por su parte sigue pujante, lo cual es importantísimo para la economía. Pero la estrategia al desarrollo debe equilibrar más las dinámicas de mercado con equilibrios sociales. De ahí la importancia de disponer de una recaudación tributaria adicional que no dañe el crecimiento (pero no la reforma que había al inicio del gobierno de Boric, de 4,1% del PIB). También los fondos soberanos se han reducido; y este ha sido parte del mix de recursos para financiar en parte el gasto público al no poder contar con más recaudación tributaria (lo cual no fue aprobado en el congreso).
A pesar del pesimismo domestico principalmente de los sectores empresariales más dinámicos, Moody´s, S&P y Fitch (agencias de clasificación de riesgo país, con presencia global) confirman las fortalezas crediticias de la economía chilena con su impacto positivo en el riesgo país lo cual se traduce en menores costos de financiamiento para la deuda pública soberana y para la emisión de deuda corporativa de empresas locales en los mercados internacionales. Reafirman la prudencia fiscal, y que Chile se beneficiará de la transición verde dada su oferta exportadora en los minerales críticos (cobre y litio). Ciertamente señalan que el desafío a largo plazo es la productividad, y este puzzle es múltiple; desde mejorar los mecanismos de evaluación de impacto ambiental (desde mas transparentes a ser menos proclives a ser influenciados por el lobby), modernización del Estado, adopción de nuevas tecnologías para la mano de obra que inevitablemente será desplazada en términos laborales y que necesitará reinsertarse, pasando por mejorar la calidad de educación y ciertamente con mayor inclusión social y mejoras sustantivas en la distribución del ingreso. Así Chile saldrá de este crecimiento moderado y podrá dar un giro a tasas de crecimiento más altas. Pero este proceso requiere también de recursos fiscales adicionales, de un mejor control y evaluación del gasto público y de la adopción de políticas industriales modernas (Estado-Mercado) que promuevan el empleo con una lógica de descentralización productiva, para mejorar la calidad de vida de las personas.