Durante el segundo semestre de 2021 se puso en marcha el Programa de Captación de Familias de Acogida en tres regiones del país con el fin de contribuir al fortalecimiento del acogimiento familiar en modalidad de familias externas, coherente con la reformulación del marco normativo y la institucionalidad de infancia que derivó en la creación del Servicio de Protección Especializado a la Niñez y Adolescencia.
En este contexto, valdría la pena detenerse en tres aspectos: los enfoques o modelos de intervención; la intersectorialidad; y, la gestión de la red de acogimiento. En relación con el primero, relativo al diseño, existe cierta dicotomía, en tanto aún es posible observar miradas en que prevalece un énfasis evaluativo/valorativo, estático e individualizador, en desmedro de un enfoque preventivo/ interventivo, formativo y contextual, tanto sobre las familias de origen como sobre las familias de acogida externas. El tema no es baladí, ya que en los Programas de Captación de Familias de Acogida asumimos procesos eminentemente formativos, contribuyendo con la generación de aprendizajes y “movimientos” con las familias postulantes que se condigan con criterios de idoneidad. No obstante, las condiciones para llevar a cabo un acogimiento también se tensionan por las demandas propias de la vida moderna y la forma en que como país concebimos la cultura de las prácticas de cuidado, por lo cual, muchas veces prevalece el primer enfoque al momento de determinarla.
Con relación a la temática intersectorial se ha constatado precariedad y déficit, cuando se intentan articular intervenciones de alta complejidad, haciendo la labor de los equipos técnicos aún más difícil. Sin ir más lejos el Informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU, de 2018 señala de manera taxativa que no se proveen recursos orientados a robustecer las intervenciones de reunificación familiar. Y en lo que respecta a las familias de acogida externa, se reconoce por parte de distintos agentes de la red de acogimiento la necesidad de mayor acompañamiento e intervención, junto con la necesidad de contar con mayores prestaciones especializadas, puesto que, en la mayoría de los casos, es la propia familia que debe proveerlas. Lo anterior pone en entredicho la posibilidad de que muchas puedan llevar a cabo procesos de acogimiento.
Por último, en relación al funcionamiento de la red de acogimiento, surge la necesidad de dar pasos concretos para fortalecer su operatividad y articularla dentro de un sistema donde se aborden conjuntamente distintas miradas, nudos críticos y desafíos futuros, integrando a la sociedad civil.
Si queremos finalizar la presente década a paso firme hacia la consolidación de un modelo orientado a resguardar el derecho de todo niño, niña o adolescente a vivir en un ambiente familiar, tal como lo han hecho otros países articulando políticas de prevención, de desinternación, abandono del modelo residencial, fortalecimiento de la reunificación familiar, robustecimiento de los distintos modelos de acogimiento e implementación de programas basados en evidencia, cobra sentido la necesidad de construir una visión estratégica común que permita revisar críticamente el sistema proteccional actual y sus problemáticas pendientes de resolución, en consecuencia, se requiere un rol protagónico de las instituciones del Estado en estas materias.