El país vive una mezcla de dos crisis de naturaleza distinta, pero que en su conjunto ponen en riesgo la credibilidad de las instituciones y la misma estabilidad social. Se arriesga, asimismo, y en la medida en que se desarrollan conflictos no resueltos y problemas no tratados debidamente, mejores perspectivas para la inversión y la posibilidad de construir una economía más sólida con proyecciones reales de mayor bienestar. Por una parte, se está viviendo una severa crisis relativa a la ejecución y magnitud del gasto público, y lo que parece un exceso de crecimiento del empleo público sin real justificación, en el intertanto que el empleo privado se contrae. Además, en los últimos días se ha dado a conocer lo que parece constituir una verdadera red para traspasos indebidos de dinero público a determinadas fundaciones privadas, poniendo en riesgo la credibilidad de organismos públicos en tanto deben cautelar los intereses propios de los recursos fiscales. Los números que rodean a ambas circunstancias son preocupantes. Por un lado, porque su magnitud refleja, de algún modo, prioridades desatendidas en función de los objetivos de fondo de la política fiscal y de los diversos ítems considerados en el presupuesto de la nación. Por otro lado, porque se llevaría a cabo un uso inapropiado de recursos fiscales, que se enfocan a propósitos diversos pero todos ellos fuera del ámbito propio de la gestión pública. El uso de fundaciones privadas para recibir estos recursos púbicos, que habrían además eludido las debidas verificaciones de la Contraloría General de la República, constituye un subterfugio reprochable, toda vez que tales fundaciones han declarado propósitos vinculados a la tarea solidaria y de focalización en la pobreza que no habrían sido realizados.
El grave problema que ha desatado el uso posiblemente ineficaz de los recursos públicos, quizás aún envolviendo ribetes de corte penal, es que ha puesto en cuestión la discusión sobre una posible reforma tributaria. Tal reforma, cuyo proyecto ya fue rechazado una vez en el parlamento, ha declarado una serie de objetivos sociales a cumplir. Entre ellos, la Pensión Garantizada Universal y el apoyo a salud y educación. También se sumaron cosas como el pago del CAE y de la deuda histórica con los profesores. Ya se ha dicho, con suficiencia, que es necesario explicitar los usos de los recursos eventualmente recaudados con una reforma, conformando lo que se ha dado en llamar un pacto fiscal. El mismo debe ahora ser mucho más explícito en el control de uso de los recursos, o ejecución del gasto público, dado la evidencia que ha surgido sobre mal uso del erario nacional. Y será difícil avanzar en este terreno, toda vez que se ha dado un escenario que marca una gran suspicacia respecto del correcto uso de los fondos fiscales y de su eventual desviación hacia usos políticos. En la medida que esta situación deba aún aclararse, será difícil avanzar en un proyecto de reforma que demanda aún mayores recursos para el Estado.
Pero una segunda y significativa crisis radica en el panorama económico prevaleciente. El reciente IMACEC ha indicado una caída del PIB interanual de 2.0%, llevando así a ratificar las estimaciones que ponen al crecimiento chileno por debajo de 1% para este año 2023. En conjunto con una debilitada inversión y severa contracción del empleo, se proyecta un escenario difícil para este año y el siguiente. Esto desata un problema social que se agudiza en la misma medida en que aumenta el desempleo abierto, caen los salarios reales y el panorama externo, especialmente en vistas a las exportaciones de cobre, se hace más incierto. Todo llevaría a concebir una política fiscal activa de estímulo al quehacer económico y focalizada en inversión y crecimiento. Pero los problemas fiscales están por ahora alejados del propósito de dar señales de estabilidad y confianza, como se necesitaría para estimular el desarrollo dar señales de confianza al sector privado y externo.
Una crisis que pone en cuestionamiento la eficacia y transparencia de la política fiscal. Otra crisis que pone en evidencia el impacto económico de los desajustes internos que hacen, además, persistente a la inflación. Es necesario que se entreguen señales claras sobre el rumbo a tomar, especialmente en vistas a los problemas de ejecución y direccionamiento de los recursos públicos. Hay que empoderar a la Contraloría con mayores atribuciones e incentivar la mayor oportunidad de sus acciones. También es necesario transparentar la acciones y decisiones financieras del sector público. Lo único que no hay que hacer, porque es causa de mayor incertidumbre, es desarrollar prevenciones tardías a los males acarreados por el mal uso de los recursos y los intentos por llevar estos problemas hacia atrás en la historia, tratando de generar una teoría del empate que es inútil frente a las graves circunstancias por las que se atraviesa.
El país está viviendo dos crisis significativas, y que envuelven varias derrotas en el campo social, político y económico.