Las familias en Chile presentan un problema que se arrastra por años: el acceso a la vivienda. Según la primera estimación habitacional en Chile, 1/10 de los grupos familiares no pueden cubrir esa necesidad básica a través del Estado. Cifra impactante si consideramos que según el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y Déficit Cero faltan 640.000 viviendas.
El actual debate constituyente gira en torno a cómo asegurar el derecho a la vivienda en Chile. Ello se cruza con las complejas realidades sociales del país, donde el llamado “sueño de la casa propia” se enmarca en el encarecimiento de la vida y sus reducidos accesos. Median el fenómeno e impactan en la calidad de vida de las personas: la situación de crisis sanitaria, aumento en los arriendos, encarecimiento de créditos, dificultad para generar ahorro.
La problemática va más allá del debate constitucional. Vemos el aumento de campamentos en las distintas regiones del país, lo que no podemos reducir a la satisfacción de la necesidad de vivienda (seguridad), debemos relacionarla a otras dimensiones. Se evidencian factores estresores en el día a día: hacinamiento, estrés, empobrecimiento, endeudamiento, enfermedades físicas y mentales y la correlación de ello con la situación de crisis sanitaria.
No hay duda, las personas y familias se ven inmersas en una estructura que perpetúa el alejamiento a su anhelo de vivienda definitiva y a la vez somete a sobrevivir en el intersticio social al que puede acceder. En Chile la vivienda es un lujo y nos hemos alejado de la comprensión de un espacio de desarrollo-unión, seguridad y descanso que posee relación con la construcción de ciudad y entornos saludables.
Independiente de la discusión constitucional “El sueño de la casa propia” debe dejar de ser la muralla y convertirse en realidad.