“No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige”, recuerda Séneca, el filósofo, político y escritor romano. Así sucede con el proyecto de ley de un grupo de senadores que tiene por propósito la persecución penal tanto a quienes filtran información como a aquellos que la divulguen. Esta iniciativa ya carga con el nombre de “Ley Mordaza 2.0”.
A semanas de su trámite legislativo que ha contado con la participación de representantes de la prensa, el proyecto levanta sospechas y reproches, porque está sustentado en un enfoque punitivo para el “mensajero”, el periodismo, cuando el peso de la justicia debiese estar centrado en “los habilitados” que cautelan la información de los procesos judiciales.
Así, la Federación de Medios que agrupa a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación de Radio Difusores de Chile (ARCHI) y a la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) han puesto reparos a esta iniciativa legal, en mérito a que pone en serio riesgo la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado. A ello se suma, el Colegio de Periodistas que ha hecho ver la propuesta como antidemocrática.
Pese a creer en el principio de buena fe de los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperguer (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), resultan curiosos los argumentos que justifican “el proyecto Boletín 17.484-07”. A saber, se plantea que en una vereda estarían el derecho a la intimidad y la privacidad de los intervinientes y, al otro lado del camino, la libertad de información, la transparencia y la publicidad del proceso penal. Si bien, resulta compresible la preocupación, ese argumento pone en juego un bien superior que son los principios democráticos, sustentados en un ejercicio libre e independiente de la prensa. En consecuencia, da pábulo a una mirada falaz del asunto de fondo.
La historia de nuestro país da cuenta de casos de corrupción y abusos de poder que se han develado gracias al periodismo, cumpliendo su rol ético al servicio de la verdad. El fallecido periodista norteamericano Ken Dermota, del Centro de Periodistas de Washington, recordaba que el camino para evitar la opacidad informativa radica en exponer a la luz las situaciones escondidas bajo argumentos sin base que se convierten, a corto plazo, en cáncer social. Hoy frente al peligro del narcotráfico que ya está permeando prestigiosas instituciones chilenas, se debe tener una sola postura, tal como lo testimonio con su vida el director del diario El Espectador de Colombia, Guillermo Cano, que murió a balazos por sicarios de Pablo Escobar.
Por eso, los avances que ha tenido nuestro país en materia de transparencia, entre los que destaca la reforma procesal penal implementada a partir del año 2000, deben preservarse, en especial cuando se trata de temas de interés público. El ejercicio libre del periodismo, entonces, es la mejor compañía que pueden tener las distintas instituciones para asegurar una sociedad sana, sin opacidad.
Olvidar el rumbo para seguir avanzando en transparencia, como expresión del fortalecimiento de la democracia, resulta peligroso e insano. Haciendo un acto de buena fe en nuestros legisladores, esperamos que el viento les sea favorable y lleguen a buen puerto por el bien de Chile.