En situaciones como la que estamos viviendo, es preciso detenerse un momento a reflexionar y tomar conciencia. No debemos caer en el simplismo de solo condenar los hechos de destrucción de bienes públicos o privados, que son inaceptables, sino que debemos preguntarnos por cuales pueden ser las razones que están a la base de estas situaciones.
Como en todo fenómeno social las causas son múltiples y que sean los más jóvenes los que inicien las manifestaciones es lo esperable, porque juventud conforme, es una juventud enferma y la sociedad a la que pertenece se desintegra. Ha ido quedando al descubierto la inequidad cada vez más profunda que tenemos en el seno de nuestra sociedad, como consecuencia de un neocapitalismo sin contrapeso, como el que se impuso en nuestro país durante el régimen militar.
De acuerdo al ideario humanista, laico y democrático, necesitamos impulsar el crecimiento económico sobre la base del trabajo de unos y otros, el que siempre dignifica al hombre, pero debe ser respetando y perfeccionando sus derechos, los que incluyen una remuneración justa, horarios de trabajo razonables y condiciones laborales seguras y dignas. Lo anterior solo se logra con la participación activa del Estado, a través de leyes y normas que lo vayan garantizando. Recordemos que tuvo que ser por ley el que se impusiera la obligación de que los empleados del comercio tuvieran una silla o por ley que se limitara la jornada laboral o derecho a vacaciones.
La necesidad de un Estado fuerte, que a través de sus instituciones dicten leyes y reglamentos y la de los ciudadanos de respetarlas y cumplirlas, requiere de más DEMOCRACIA, la que a su vez requiere de mejor educación y especialmente de comportamiento ético de todos. Es inaceptable la corrupción a todos los niveles, pero es mucho más grave si se trata de dirigentes políticos, para ellos el solo cumplir con las ley es un desde, ya que deben guiarse por la ética en todo su actuar.
La política es una tarea noble que debiera ser ejercida por ciudadanos que sirvan al Estado y no que se sirvan de él. Las aspiraciones legítimas de la gente deben ser satisfechas con políticas sociales adecuadas, elaboradas sobre la base de investigaciones científicas, realizadas por universidades, que no respondan a intereses particulares de ninguna naturaleza, las que por cierto tendrán mejores resultados que las que se realicen sobre la base de impresiones o sentimientos por buenos que aparezcan.
Para lograr las condiciones básicas para ello, se requiere de un pacto social entre todos los actores, en que los empresarios se conformen con ganancias razonables, que paguen todos los impuestos sin evadir ni eludir y remuneren a sus empleados en forma justa, que éstos a su vez se comprometan a trabajar con eficacia y eficiencia, capacitándose y cumpliendo a cabalidad sus obligaciones y el Estado por su parte se comprometa a aplicar las leyes legítimamente dictadas con eficacia y rigurosidad, que se castiguen con fuerza a los que no las cumplan, sin perdonazos a los poderosos.
Es fundamental que avancemos en ponernos de acuerdo para lograr un sistema de salud justo para todos, una educación con exigencias de calidad para todos, un sistema de pensiones justas y dignas para todos, construcción de viviendas dignas, con plazas con áreas verdes y muchas otras condiciones que en pleno siglo XXI son absolutamente necesarias y aspiraciones conocidas por todos. Debemos sacar lecciones de lo que está ocurriendo, no limitarse a condenar los actos delictuosos y poner en marcha con urgencia un gran pacto para un nuevo contrato social.
Patricio Silva Rojas
Decano Fac. de la Salud, U.Central
Pdte. Corporación de Investigaciones Sociales -CISO-