Cada cierto tiempo vuelve el debate sobre si Chile enfrenta una «emergencia laboral». La palabra no es menor. Una emergencia supone un shock extraordinario. Sin embargo, los datos muestran una realidad distinta y, probablemente, más compleja: el principal problema del mercado del trabajo en Chile no es una crisis repentina, sino un prolongado proceso de estancamiento que se ha ido normalizando. La tasa de desempleo alcanza el 9,4%, la más alta desde 2021. A ello se suma una informalidad cercana al 27%, un elevado subempleo y una creación insuficiente de empleos formales para absorber a quienes ingresan cada año al mercado laboral. Más preocupante aún es que todavía no se recuperan completamente los niveles de ocupación previos a la pandemia, mientras la productividad permanece prácticamente estancada.
El debilitamiento del mercado laboral viene incubándose desde hace más de una década. La desaceleración posterior al superciclo del cobre, el estallido social, la pandemia, el menor crecimiento potencial y, recientemente, un escenario internacional más incierto ha ido configurando un mercado laboral crecientemente frágil. Ninguna administración ha logrado revertir plenamente esta tendencia. En este contexto aparecen dos reformas pasadas que suelen dominar el debate político: el aumento del salario mínimo y la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas. Con frecuencia ambas son presentadas como responsables del deterioro laboral. Sin embargo, la evidencia disponible obliga a matizar esa afirmación. Los incrementos del salario mínimo implementados durante el gobierno del Presidente Boric tuvieron un claro efecto distributivo. Elevaron los ingresos de los trabajadores de menores remuneraciones y generaron incluso efectos de arrastre («spillover») hacia tramos salariales superiores. Los estudios disponibles hasta ahora no muestran una destrucción masiva del empleo formal atribuible exclusivamente a estas alzas. Eso no significa que la discusión esté cerrada. En economías con bajo crecimiento y productividad estancada, salarios mínimos crecientes elevan los costos laborales, especialmente para micro y pequeñas empresas. El riesgo no necesariamente se expresa en despidos inmediatos, sino en una menor contratación futura, mayor automatización de tareas o mayor informalidad. Los grupos potencialmente más afectados suelen ser jóvenes, trabajadores poco calificados y emprendimientos de menor tamaño. Algo similar ocurre con la reducción de la jornada laboral. En teoría, jornadas más cortas pueden mejorar la productividad por hora trabajada, reducir el ausentismo y elevar la calidad de vida. Diversos estudios internacionales encuentran beneficios en bienestar y eficiencia. Sin embargo, esos efectos positivos dependen de la capacidad de reorganizar procesos productivos y de incorporar tecnologías que compensen el menor tiempo disponible. Para muchas pymes, esa transición puede resultar costosa si no existe apoyo público suficiente.
La discusión, por tanto, no debería plantearse como una falsa dicotomía entre derechos laborales y crecimiento económico. Chile necesita ambas cosas. Salarios más altos y jornadas más humanas son objetivos legítimos de una sociedad que aspira al desarrollo. Pero esos avances requieren un entorno económico capaz de financiarlos mediante mayores niveles de productividad e inversión. Y precisamente allí aparece el principal desafío. El Banco Central proyecta que la inversión crecerá apenas un 0,9% durante 2026 y un 3,6% en 2027. Es una recuperación positiva, pero insuficiente para modificar rápidamente el panorama laboral. Además, una parte importante de esa inversión se concentra en maquinaria, automatización y tecnologías digitales, cuya capacidad para generar empleo es menor que en ciclos anteriores. A ello se suma una transformación estructural impulsada por la inteligencia artificial. Más que eliminar empleos masivamente, la IA está modificando las competencias demandadas por las empresas. El verdadero riesgo no es tecnológico, sino educativo. Un país que no invierta agresivamente en capacitación y reconversión laboral corre el riesgo de profundizar las brechas existentes.
Por tanto, el desafío consiste en romper este círculo vicioso. El lento crecimiento reduce la inversión; la baja inversión limita la creación de empleo formal; la precariedad laboral deteriora las expectativas de consumo y el ambiente de negocios, debilitando nuevamente el crecimiento.
Salir de esa trampa exige una estrategia integral: recuperar la inversión privada, acelerar la inversión pública en infraestructura, fortalecer subsidios temporales para la contratación en pymes, impulsar la capacitación en habilidades digitales e inteligencia artificial y avanzar hacia una mayor flexibilidad laboral compatible con la protección social.
El debate laboral chileno necesita abandonar las consignas. No toda regulación laboral destruye empleo, pero tampoco todo aumento de derechos resulta gratuito cuando la economía crece poco. El verdadero desafío consiste en compatibilizar equidad, productividad y crecimiento.
Porque el problema de Chile ya no es una crisis pasajera. Es que el estancamiento comienza a convertirse en normalidad. Y cuando una sociedad se acostumbra al estancamiento, el mayor riesgo deja de ser económico: pasa a ser político y social.